El Mundo - 01/02/2026
No fue un error. No fue un malentendido. No fue un exceso puntual, fruto de los nervios o de una sensibilidad mal calibrada. Ni siquiera fue la marcha atrás, en forma de patético lloriqueo público, de un novelista presionado por los suyos. Los ataques de la izquierda radical al debate que iba a celebrarse en Sevilla en torno a la Guerra Civil —un debate concebido desde la pluralidad, el rigor y la discusión razonada— deben interpretarse como lo que realmente fueron: un acto deliberado de intimidación ideológica y un síntoma evidente de la enfermedad que degrada la vida cultural y política española.
Durante mucho tiempo, en España como en el resto del mundo, se asumió que el gran enemigo de la democracia era la censura explícita: la prohibición legal, el cierre de medios, la persecución física del disidente. Hoy, sin embargo, el fenómeno adopta formas más sofisticadas y eficaces. No hace falta prohibir un acto cultural si se consigue desacreditarlo públicamente. ¿Para qué debatir si es más fácil y barato amedrentar? El resultado es idéntico.
Lo ocurrido en Sevilla no fue un episodio aislado sino un hecho gravísimo: la manifestación miserable de una tendencia cada vez más extendida. La sustitución de ideas por consignas impuestas, del diálogo por el sectarismo y del pensamiento crítico por la adhesión identitaria. En este nuevo procedimiento —adoptado en España tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda— no se discute para comprender, sino para marcar fronteras; no se argumenta para persuadir, sino para expulsar; no se escucha para aprender, sino para detectar desviaciones. Y en ese ámbito, especialmente para la izquierda radical española, sus figuras políticas, medios afines y palmeros sectarios de plantilla, la Guerra Civil se ha convertido en elemento ideal de tan lamentable práctica. En siniestro buque insignia de un chato e irracional planteamiento político.
Esta actitud parte de una idea profundamente antidemocrática: la sociedad no es capaz de enfrentarse a lo complejo sin extraviarse, el ciudadano necesita ser protegido de las ideas incómodas, el debate plural es un riesgo y no una riqueza. Bajo esta lógica paternalista, el pensamiento deja de ser un ejercicio de libertad para convertirse en una actividad sospechosa. Y lo paradójico es que esta condena del debate se produce en nombre de valores que, históricamente, se asociaron a la ampliación de libertades. Se apela a la memoria, a la justicia, a la dignidad; pero se emplean métodos que niegan el pluralismo, desconfían de la razón y sustituyen el argumento por la consigna. Cualquier opinión contraria venga de donde venga, incluso dentro de la propia izquierda, se califica de fascismo. Y el miedo a ser llamado fascista, la necesidad de gritar más fuerte que nadie para evitarlo, da lugar a episodios de cobardía y claudicación como los que hemos visto en torno a las jornadas de Sevilla.
Para comprender la gravedad de esta deriva conviene mirar atrás. La Transición española fue un proceso de renuncias, tensiones y ambigüedades. No fue un relato épico ni moralmente puro, pero tuvo una virtud hoy olvidada: dialogaron personas que tenían muchos motivos para no hacerlo: antiguos franquistas y opositores al régimen, comunistas perseguidos y ministros del Movimiento, exiliados y herederos del poder. No porque compartieran una misma visión de España, sino porque entendieron que sin diálogo no había futuro. Ahí están los nombres, a menudo simplificados o caricaturizados en el debate contemporáneo. Todo estuvo lleno de tensión, miedo y renuncias dolorosas. Pero hubo una certeza común: la democracia no podía construirse con la exclusión del adversario. La memoria del conflicto estaba demasiado viva como para repetir los viejos errores.
Ese clima dialogante no fue ingenuidad ni claudicación, sino conciencia histórica. Quienes protagonizaron la Transición sabían que cuando el adversario deja de ser interlocutor y se vuelve enemigo, el conflicto es irresoluble. Adolfo Suárez, proveniente del aparato del régimen franquista, comprendió que la reforma sólo era posible desde dentro y asumió costes personales enormes. Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, aceptó la monarquía y la bandera rojigualda no por convicción, sino por cálculo democrático. Manuel Fraga, ministro durante el franquismo, representó una derecha que decidió integrarse en el nuevo sistema en vez de dinamitarlo desde fuera. Y nada de esto fue limpio, ni fácil.
La legalización del Partido Comunista dos años después de la muerte de Franco constituyó un acto de enorme riesgo político, no sólo por la reacción de sectores del ejército, sino porque implicaba reconocer como interlocutor legítimo a quien había sido demonizado durante décadas. Aquella decisión no se tomó porque el comunismo dejara de ser incómodo, sino porque se entendió que sin integrar a los comunistas no habría democracia estable. En 1977, Fraga presentó a Carrillo en el Club Siglo XXI. Los Pactos de la Moncloa, en octubre de ese mismo año, son otro ejemplo revelador: en plena crisis económica y conflictividad social extrema, fuerzas políticas y sindicatos ideológicamente enfrentados aceptaron sentarse a negociar. Nadie venció, todos cedieron porque se asumió que el diálogo era preferible al colapso. Y también la Constitución de 1978 es un texto hecho con nobles renuncias: republicanos aceptaron la monarquía, centralistas aceptaron el Estado autonómico, conservadores aceptaron derechos sociales, izquierdistas aceptaron una economía de mercado. No porque creyeran que el texto era perfecto, sino porque era posible.
Comparado con aquello, estremece el miedo actual al debate. La intolerancia suicida. Hoy, cuando no hay violencia política ni amenaza de involución militar, se tolera menos la palabra libre que en los años setenta. Lo que entonces se entendía como necesidad democrática se percibe ahora como amenaza moral; como apología del fascismo, de la masonería, del comunismo. La inminencia de un debate plural y ecuánime sobre la Guerra Civil en Sevilla, dando la palabra a cuantos desearan usarla —asistirían el ex presidente Aznar y el político Espinosa de los Monteros, pero también el ministro Félix Bolaños y una prestigiosa nómina de historiadores, estudiosos y periodistas—, provocó reacciones airadas en la extrema izquierda —VOX se había negado desde el principio a asistir— y desencadenó una campaña de presión y descalificaciones que hicieron recular a los más débiles o cobardes entre quienes, varios meses antes, habían prometido su asistencia sabiendo perfectamente quiénes iban a figurar en el cartel. Renunciaron los novelistas David Uclés y Paco Cerdá, el coordinador de Izquierda Unida Antonio Maíllo, la vicesecretaria del PSOE andaluz María Márquez, la historiadora Zira Box —que confirmó públicamente las presiones recibidas— y la presidenta del Consejo de Estado Carmen Calvo.
Lo advirtió Hannah Arendt al analizar los mecanismos del pensamiento totalitario: el mayor peligro es la destrucción del espacio común donde las cosas pueden discutirse. En este ámbito, la paradoja resulta evidente: quienes se autoproclaman herederos y paladines de la verdadera democracia reproducen mecanismos profundamente autoritarios: no consienten la discrepancia, desconfían de la libertad intelectual y consideran legítimo silenciar al adversario. También en el extremo opuesto del paisaje político, donde soplan aires dictatoriales de otro signo, aspiran a lo mismo: unos apelan al orden y la tradición, otros a una intocable superioridad moral. Y la censura que ambos ejercen —todavía ejercida más ruidosamente por la izquierda, pero den ustedes tiempo al tiempo— es eficaz porque no necesita justificarse. No argumenta, sino que señala; no persuade, sino que estigmatiza. Y una vez estigmatizado el interlocutor, su palabra queda automáticamente deslegitimada. El debate muere antes de empezar.
La primera consecuencia es la autocensura: historiadores, escritores, periodistas y profesores aprenden qué asuntos evitar y qué enfoques son peligrosos. El silencio pasa a ser voluntario y llega el miedo a pensar en voz alta. Defender hoy el debate ecuánime no es cómodo: exige valor, porque implica resistir presiones, soportar insultos y aceptar riesgos. La segunda consecuencia, eliminado el debate racional, es el enfrentamiento emocional: sentimientos contra ideas. La tercera consecuencia es la degradación de la auténtica y objetiva memoria. Recordar y honrar no es reavivar rencores y odios, sino estudiar, comprender, explicar situaciones trágicas y aceptar hechos complejos. Cuando el pasado se utiliza para envenenar el presente, deja de ser memoria legítima y se convierte en turbia arma política.
Frente a esta deriva conviene recuperar una idea central del pensamiento liberal democrático europeo, desde Ortega y Gasset hasta los teóricos contemporáneos del pluralismo: la democracia no consiste en eliminar el conflicto, sino en civilizarlo. No es imponer una verdad única, sino crear las condiciones para que verdades parciales o incómodas puedan confrontarse sin miedo. Lo ocurrido en Sevilla debe leerse en esta inquietante clave. Cuando una sociedad teme el debate, algo huele a podrido en ella. Lo grave no es que existan ideas que molesten a otros; lo grave es que deje de considerarse legítimo que molesten.
Seamos justos: este clima infame no es exclusivamente español. Se observa en universidades anglosajonas, en debates sobre memoria colonial, en discusiones sobre identidad nacional en Europa. Pero en España adquiere una aspereza particular porque se aplica a un acontecimiento histórico que debería habernos vacunado contra el dogmatismo: una cruel guerra civil, desencadenada por un golpe de estado militar, donde sin duda hubo un bando vencedor y un bando derrotado; pero en la que todos los españoles de entonces y de las posteriores generaciones perdimos mucho —quizá también lo habríamos perdido con la victoria de los otros, como valerosamente sostuvo Chaves Nogales—: la libertad, la justicia, el progreso, los derechos civiles, la liberación de la mujer, la dignidad y la democracia. Ésa, y no la otra, es la guerra que todos perdimos. La que, sin signos de interrogación, daba y dará título en el próximo mes de octubre a la XI edición de Letras en Sevilla.
Uno de los espacios donde el daño se manifiesta hoy con mayor claridad es la universidad: concebida como un lugar para la discusión rigurosa y la exposición de ideas incómodas, empieza a ser un espacio de asfixiante protección emocional. Durante el franquismo y todavía en la Transición, la universidad fue un lugar de riesgo real: pensar tenía consecuencias, discutir aparejaba riesgos personales. Hoy, cuando ese riesgo ha desaparecido, se tolera menos el conflicto intelectual que cuando opinar en voz alta era peligroso. La aparición de listas negras, vetos informales, campañas de presión estudiantil y exigencias de cancelación de actos prueban que la universidad ha dejado de ser un foro de confrontación argumental y es un entorno de validación moral. El ocaso de la inteligencia.
En las redes sociales, el fenómeno se ve agravado por el ruido, el anonimato, la ignorancia y la mala fe que polarizan cualquier asunto por mínimo que sea. En lugar de fomentar una relación adulta con el mundo y sus circunstancias, con el presente y el pasado, suele imponerse un repertorio de lealtades obligatorias que transforman la conversación pública en una sucesión de insultos y juicios sumarios. El razonamiento extenso recula frente a la indignación breve; la duda es percibida como traición; la discrepancia, como delito. En este contexto el debate es imposible. La consecuencia es una opinión pública elemental e irreflexiva, donde una reputación se destruye en horas y la lógica carece de valor. Una frase sacada de contexto, una fotografía manipulada, una cita incompleta bastan para activar el linchamiento. Cercados por el fragor de la ignorancia y la mala fe —si juntas a un malvado con mil tontos obtienes mil y un malvados—, el historiador, el pensador, el escritor o el periodista libres dejan de ser referentes o interlocutores válidos y pasan a ser sospechosos. Ya no se les atiende ni responde: se los denuncia, se los cancela.
Conviene introducir una comparación europea. Alemania aborda su pasado traumático —el nazismo— desde una combinación de memoria institucional y libertad académica: negar el Holocausto es delito, pero debatir sobre las responsabilidades sociales, culturales o históricas del nazismo no lo es. En Francia, el debate sobre la colaboración con los nazis o la guerra de Argelia sigue siendo conflictivo e incómodo; pero se discute, se publican libros y se organizan debates sin considerarlos apología de lo criminal. En cuanto a Italia, su relación ambigua con el fascismo ofrece un ejemplo ilustrativo: la memoria histórica no está del todo cerrada, y precisamente por eso el conflicto sigue siendo materia de estudio político, no dogmático. Se discute, y con frecuencia esa discusión no la capitanean periodistas sectarios o que de todo saben, sino historiadores y especialistas. España, en cambio, se estanca en una esclerosis selectiva, iletrada, analfabeta, que impide el análisis y las lecciones que de éste se obtienen. A los verdaderos historiadores, que los tenemos excelentes y de todo signo —en Letras en Sevilla confirmaron su asistencia muchos de los mejores—, no se les respeta que estudien seriamente la memoria.
Todo este proceso tiene un hilo conductor: el miedo a la complejidad, a la discrepancia, a perder la hegemonía moral, a que el relato no resista el contraste. Ese miedo se disfraza de sensibilidad indignada, pero actúa como censura; se impone en nombre de las víctimas, pero termina utilizándolas como mercancía electoral. El resultado no es una sociedad más justa sino más frágil, incapaz de tolerar la fricción intelectual. Porque en una democracia sana, el desacuerdo se plantea sobre que el oponente puede estar equivocado, pero no por eso es un malvado. Cuando tal presunción se pierde, el asunto se envilece: si el otro es enemigo, no hay nada que discutir; sólo queda neutralizarlo, silenciarlo, exterminarlo figurada o físicamente. Esto explica por qué el debate ecuánime —la equidistancia cobarde es otra cosa— genera tanta hostilidad en España; porque presupone algo intolerable para los malvados y los idiotas: que el otro pueda hablar de buena fe, que pueda abordar un tema delicado sin intención de ofender, que disienta sin buscar daño. Esa posibilidad es inadmisible para todo sectarismo político que necesite enemigos para sostenerse, heridas abiertas para hacer negocio instalándose en ellas.
Otra consecuencia de esta deriva es la degradación del lenguaje. Blanquear, normalizar, legitimar, dar voz funcionan como armas retóricas. No explican: marcan y condenan. El lenguaje deja de ser herramienta para pensar y dialogar y se torna mecanismo de control. Quien domina las etiquetas domina el debate o la ausencia de él porque el veredicto ya está dictado. Esta simplicidad lingüística no es casual. Pensar y conversar exigen palabras precisas, categorías claras, conceptos a veces incómodos. La consigna fácil, en cambio, se conforma con términos vagos y emocionalmente intensos. Su eficacia no depende de la claridad razonada, sino de la adhesión colectiva. Resulta relevante, como digo, que esto se haya impuesto con tanta fuerza en espacios que se reclaman, hipócritamente, herederos de la tradición crítica de la izquierda. Ha sido muy significativo el comentario en televisión de Ione Belarra, coordinadora general de Podemos, sobre la anunciada asistencia del expresidente Aznar a las jornadas de Sevilla: «Con los fascistas no se habla».
La consecuencia última de todo este proceso es la conversión de la historia de España en un campo de batalla perpetuo: la conquista de América, la toma de Granada, la monarquía, la República, la Guerra Civil, la Transición... No como ejes de reflexión compartida, sino como frentes ideológicos en permanente movilización. El pasado deja de ser materia de estudio para convertirse en algo que se ataca o se defiende no con conocimiento y razones, sino con sentimientos y vísceras. En ese contexto de insultante simpleza, cualquier intento de introducir complejidad se interpreta como amenaza al chiringuito de turno. La historia debe reducirse a una serie de fábulas morales, útiles para manipular el presente pero incapaces de explicar el pasado. Esta instrumentalización no pretende honrar a las víctimas de las numerosos desgracias nacionales —que son infinitas desde hace veinte o treinta siglos— ni contribuye a una mejor comprensión de lo que fuimos y lo que somos. Al contrario: secuestra el sufrimiento para convertirlo en infame munición política.
Todo lo anterior conduce a una conclusión inquietante: avanzamos hacia una España sin conversación; una democracia que sólo es presunta, un sistema formalmente plural aunque en realidad cerrado, donde suenan numerosas voces pero pocos diálogos reales. Donde se habla mucho, se escucha poco y se razona menos. Una democracia de esa clase puede sostenerse durante un tiempo, pero será cada vez más indecisa y frágil, incapaz de gestionar conflictos, incapaz de integrar disensos, incapaz de renovarse intelectualmente. La guerra que los malvados y los estúpidos libran hoy contra el sentido común no es sólo cultural ni ideológica: es contra la conversación misma, contra la posibilidad de escuchar, disentir, debatir y seguir conviviendo. En esa clase de guerras —créanme, porque pasé veintiún años en ellas— no se hacen prisioneros. Si se pierden, y al final en ellas pierden todos, arrastran el mundo consigo.
Quiero volver, para terminar, al punto de partida: un encuentro cultural en Sevilla, un foro de discusión sobre la Guerra Civil, un intento de pensar en voz alta sobre nuestro pasado y una reacción siniestra que no pretendía conversar, sino silenciar. Tal episodio no importa por sí mismo, sino por lo que descubre: la normalización, por parte de muchos, de la idea de que hay debates que no deben darse. De que hay asuntos que sólo pueden abordarse desde un marco moral autorizado por quienes lo controlan y administran. Aceptar eso es asumir una derrota devastadora, no de una u otra ideologías en concreto, sino del principio mismo de libertad intelectual. Una sociedad que renuncia a esa libertad se pone una pistola en la sien. La guerra contra el pensamiento libre es una guerra que no gana nadie, excepto los oportunistas y los canallas. Por eso la Guerra Civil española es, entre tantas otras —lo discutiremos el próximo mes de octubre en Sevilla—, una guerra que todos los españoles seguimos perdiendo.
